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SE SIGUEN ENSAÑANDO CON LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
EN DICIEMBRE, AUMENTO DE JORNADA Y ELIMINACIÓN DE LA PAGA EXTRA
Ayer, 17 de diciembre, fue convocada la Mesa General de negociación de la AGE para tratar,
supuestamente una sola cuestión, la Instrucción de Jornada y Horarios del personal de la AGE y junto a
ello, la regulación de las ausencias de asistencia al trabajo en nuestro ámbito.
¿Por qué decimos supuestamente? Por el innovador método de discusión que se empeña en utilizar la
representación de Función Pública. No hay propuesta de la Administración. Se identifican algunas de las
modificaciones legales que habría que trasladar a la Instrucción (la jornada mínima de 37,5
horas/semana recogida en la Ley de Presupuestos del año 2012 y los sablazos sufridos tras la
publicación del RD-Ley 20/2012 que se llevó por delante bastantes más cosas que la paga extraordinaria
de este mes) y se nos recuerda un documento fantasma, anterior a julio de este año y al RD-Ley antes
indicado, un documento que jamás se nos envió a la representación sindical aunque se filtró,
probablemente de forma interesada, para ir creando opinión. Con todo ello, la Subdirección General de
Relaciones Laborales presenta una imaginativa fórmula que viene a denominar posición de partida que,
en un contrasentido sin precedentes, no debe ser considerada la propuesta de la Administración.
¿Por qué quieren hacer coincidir la reunión de jornadas y horarios con la escenificación de la retirada de
la paga extraordinaria? Lo que estimamos es que quieren trasladar un mensaje a la sociedad de que el
aumento de jornada es para ejemplarizar con los empleados públicos, cuando los sindicatos, como
representantes de la clase trabajadora, queremos que haya más oferta de empleo público y que la
ampliación de jornada para los trabajadores no venga acompañada del cese de interinos, eventuales y
demás personal que tiene menos estabilidad en el empleo.
El Gobierno, no solo tiene que garantizar un mejor servicio público, sino absorber una parte el colectivo
demandante de empleo. Es más ético y más eficiente para la sociedad pagar a un trabajador que realiza
una jornada, en lugar de asistirle con una subvención, en el mejor de los casos, y tenerle estancado en
su proyecto vital.
Y todo esto, tras comenzar la Administración apelando a la buena fe y a la ética, tal y como se había
descrito en uno de los párrafos del Acuerdo firmado con las organizaciones sociales el pasado 25 de
octubre de 2012, dónde además se ponía de manifiesto la necesidad de trabajar por la excelencia y
profesionalidad de los empleados públicos como garantes de los servicios básicos que se prestan a los
ciudadanos.
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Por si ello fuera poco, cuando la presión de la parte social ha obligado a entrar en más detalle sobre lo
que la Administración realmente pretendía, nos encontramos con una explicación absurda.
Recorren los diferentes puntos o apartados que debe contener una Instrucción de Jornada y Horarios
pero son incapaces de establecer concreciones que sirvan para determinar si se pretende que la
Instrucción sea parte de la solución de los problemas que han generado los irracionales recortes que
hemos sufrido en esta materia o si por el contrario pretenden dar una nueva vuelta de tuerca a los
derechos de la plantilla de la AGE con la publicación de esta Instrucción. Y no decimos esto último de
una forma gratuita:
Hemos asistido a una asombrosa exhibición aritmética, con 28 años a vueltas, para concluir que la
jornada anual debe incrementarse de 1.647 a 1.664 horas.
Hemos oído referencias al Estatuto de los Trabajadores para dejar la interrupción de la jornada, la
media hora de almuerzo, reducida a 15 minutos.
Hemos escuchado planteamientos de cierre de unidades en periodos concretos y obligar con ello al
disfrute coincidente de vacaciones de quienes trabajen en dichos centros.
No hay empacho en plantear la Formación como obligatoria, olvidar cualquier referencia a la
conciliación y dedicarle más tiempo al control de ausencias que a cualquier otro aspecto.
Conocidos estos planteamientos miedo da profundizar sobre la horquilla de horario obligatorio, sobre
cualquiera de los elementos que pudiesen permitir la flexibilización o sobre las características de los
diferentes tipos de jornada.
Incluso en aquel aspecto en que pretende ser más generosos queda patente lo mezquino de su oferta. El
proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2013 incluye una disposición adicional, a propuesta del PP,
que regula los descuentos por ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que no de lugar a una
situación de Incapacidad. Establecerá dicha disposición que en los tres primeros días, en los que cabe
estar sin parte de baja de IT, el descuento en la nómina por estar enfermo sea también del 50%. Esta
decisión entrará en vigor el 1 de enero. A ello el legislador une la posibilidad de que desde el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas se regule o module la aplicación, dejando abierta la posibilidad
de que el descuento se aplique a partir de un determinado número de días de enfermedad en el año.
¿Cuántos proponen? Dos días. Como puede apreciarse, el colmo de la generosidad y la demostración de
por dónde van los ánimos de quienes dirigen la Función Pública de este país.
Y todo esto, en un contexto dónde los empleados públicos ya han sufrido la bajada de retribuciones,
eliminación de la paga extra, modificación del horario laboral haciéndole incompatible con la
conciliación de la vida personal y familiar, deducción de retribuciones por causa de enfermedad,
minoración de los días de asuntos propios, establecimientos de ERES extintivos, excluyendo el de
suspensión o modificación salarial, siendo éstas algunas de las políticas que han sido aplicadas
drásticamente al colectivo de empleados públicos y que, lejos de otorgarles satisfacción y motivación
laboral, les han abocado a una situación de indignación y rabia. Lejos de ser socialmente responsables,
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solo pueden caracterizarse de antisociales e irresponsables por las graves consecuencias que acarrean a
sus destinatarios.
Asimismo, estas medidas se adoptan en un escenario de máxima debilidad social, considerando los casi
seis millones de parados que existen en este país, sin que las mismas, no solo no solventen el drama en
el que se encuentra sumida la sociedad, sino que agravan el mismo.
ES INMORAL SACAR VENTAJA DE LA CRISIS SOCIAL Y ECONÓMICA DESDE POSICIONES QUE BENEFICIAN
SOLO APARENTEMENTE A LA EMPRESA
A la vista de lo anterior, cinco son los principios orientadores de nuestra participación en la mesa de
negociación:
1.- Es inaceptable cualquier planteamiento de la Administración que pretenda un nuevo recorte, un
empeoramiento adicional de las condiciones de trabajo o cualquier otro tipo de devaluación de los
derechos de quienes trabajamos en la AGE. Si ese es el objetivo de la Administración que de por
garantizada nuestra más absoluta beligerancia.
2.- Nuestro trabajo en la mesa de negociación va a estar dirigido a recuperar, mantener y/o potenciar
todas las fórmulas o mecánicas flexibilizadoras que permitan contrarrestar, en la medida de lo posible,
los graves efectos que han propiciado los recientes recortes en todo lo relacionado con esta parcela.
3.- Vamos a poner especial cuidado con todo lo vinculado a la conciliación. El Plan Concilia, desde
nuestra perspectiva es un acuerdo vigente en su totalidad, debe ser respetado y tener reflejo con
garantías en la Instrucción que se confeccione.
4.- Por último, debemos incorporar a la instrucción que se elabore cuantas mejoras se hubiesen podido
producir desde la publicación de la que actualmente está vigente (2005). Hay cosas concretas, desde los
permisos de formación individuales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores que no conllevan
descuento alguno de retribuciones, a los nuevos criterios de disfrute de vacaciones tras un periodo de IT
que han sido establecidos por una sentencia del Tribunal Europeo, consolidada por el Tribunal Supremo
y que permite que los días de vacaciones no disfrutadas en un año concreto por encontrarse de IT se
puedan disfrutar en el siguiente tras el alta en la Incapacidad Temporal.
5.- Pretendemos que este acuerdo sea una garantía de mínimos que posibilite acuerdos específicos en
los distintos ámbitos, a la vista de su singularidad, tanto territorial como institucional.
Con estos cinco principios y trabajando sobre la base que proporciona la Instrucción de Jornada y
Horarios vigente del 20 de diciembre de 2005, debería poderse definir una nueva Instrucción que no
lesionase ningún derecho adicional, que corrigiese alguna de las tropelías cometidas por este Gobierno y
que sirviese como instrumento para la gestión.
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Hay espacio más que suficiente y si ello no fuese posible, lo único que se demostraría es la falta de
voluntad política de los responsables de Función Pública y el empecinamiento de los mismos en seguir
castigando a quienes trabajamos en esta Administración. Algo, que de ponerse de manifiesto, nos
obligaría a responder de manera inmediata y contundente.
El proceso de negociación va seguir desarrollándose de forma intensa durante los próximos días.
Esperamos que la Administración sea capaz de presentar una propuesta real y que con ello se vayan
disipando los nubarrones que hoy existen. Del proceso de negociación os iremos informando
puntualmente.
Estamos nuevamente ante un escenario peligroso. Estamos potencialmente ante un nuevo ataque a
nuestros derechos y afrontando una situación que puede tornar en otro escarnio de las empleadas y
empleados públicos de la AGE ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía para justificar un
nuevo hachazo.
No lo vamos a consentir y así de claro lo hemos dejado en la reunión que se ha mantenido.
Un saludo.
Decenas de miles de personas se han movilizado en las más de medio centenar de manifestaciones y concentraciones convocadas en todo el pais por la Cumbre Social. Éstas, según el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, constituyen el "clamor social legitimo y democrático que reprueba de forma contundente la política de recortes del Gobierno".
El próximo de 17 de diciembre, en el orden del día del Comité Consultivo del SNS, está previsto la presentación por la Administración de los proyectos de órdenes sobre transporte sanitario no urgente del Sistema Nacional de Salud (SNS), productos dietéticos y prestación ortoprotésica suplementaria (específicamente para las sillas de ruedas), que desarrollan el RD- Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS.
