viernes, 21 de diciembre de 2012

NOTA SOBRE JORNADAS Y HORARIOS 20/12/12



 
NOTA SOBRE JORNADAS Y HORARIOS
20/12/12


Estimados compañeros y compañeras:

Entre ayer y hoy, se han producido dos reuniones de la parte social con la Administración relacionadas con la futura regulación de la jornada, horarios y ausencias del personal de la Administración General del Estado.

En el día de ayer, la Administración continuó con la misma actitud - expresada en nuestra anterior circular sobre esta materia- de no entregar ninguna documentación sobre la que se pudiese tener, mínimamente, elementos de juicio, lo que produjo una incómoda situación que, a su vez, considerábamos premonitoria de los restrictivos e involucionistas términos de una Instrucción que, nuevamente, estimamos volverá a recortar derechos de las empleadas y empleados públicos gestada, además, en el mismo mes en que vemos recortadas nuestras retribuciones a través de la supresión de la paga extraordinaria de Navidad.

Hoy, en una nueva reunión de trabajo, la Administración ha entregado una serie de hojas sueltas, con espacios en blanco y, lo que es más importante, sin una sistemática que ayudase a la comprensión del aspecto esencial y sustantivo de la futura instrucción. Tal circunstancia ha imposibilitado un análisis inicial solvente que nos ha hecho volver a presumir el alcance restrictivo e involucionista de dicha futura Instrucción.

En ambas reuniones, no obstante, se ha vuelto a insistir sobre los principios orientadores de nuestra participación en la mesa de negociación, tal y como os indicábamos en la circular de 18 de diciembre, pasado:

“1.- Es inaceptable cualquier planteamiento de la Administración que pretenda un nuevo recorte, un empeoramiento adicional de las condiciones de trabajo o cualquier otro tipo de devaluación de los derechos de quienes trabajamos en la AGE. Si ese es el objetivo de la Administración que de por garantizada nuestra más absoluta beligerancia.

2.- Nuestro trabajo en la mesa de negociación va a estar dirigido a recuperar, mantener y/o potenciar todas las fórmulas o mecánicas flexibilizadoras que permitan contrarrestar, en la medida de lo posible, los graves efectos que han propiciado los recientes recortes en todo lo relacionado con esta parcela.

3.- Vamos a poner especial cuidado con todo lo vinculado a la conciliación. El Plan Concilia, desde nuestra perspectiva es un acuerdo vigente en su totalidad, debe ser respetado y tener reflejo con garantías en la Instrucción que se confeccione.

4.- Por último, debemos incorporar a la instrucción que se elabore cuantas mejoras se hubiesen podido producir desde la publicación de la que actualmente está vigente (2005). Hay cosas concretas, desde los permisos de formación individuales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores que no conllevan descuento alguno de retribuciones, a los nuevos criterios de disfrute de vacaciones tras un periodo de IT que han sido establecidos por una sentencia del Tribunal Europeo, consolidada por el Tribunal Supremo y que permite que los días de vacaciones no disfrutadas en un año concreto por encontrarse de IT se puedan disfrutar en el siguiente tras el alta en la Incapacidad Temporal.

5.- Pretendemos que este acuerdo sea una garantía de mínimos que posibilite acuerdos específicos en los distintos ámbitos, a la vista de su singularidad, tanto territorial como institucional.

Con estos cinco principios y trabajando sobre la base que proporciona la Instrucción de Jornada y Horarios vigente del 20 de diciembre de 2005, debería poderse definir una nueva Instrucción que no lesionase ningún derecho adicional, que corrigiese alguna de las tropelías cometidas por este Gobierno y que sirviese como instrumento para la gestión.”

Mañana tendremos otra reunión de trabajo dónde, según nos ha indicado la Administración, se nos hará entrega del borrador de Instrucción. Será en ese momento, y no en otro, donde podremos seriamente valorar la realidad, que estimamos muy negativa, de lo que será la futura Resolución sobre jornadas y horarios del personal de la AGE. Dicho documento se os enviará a la mayor brevedad -con carácter urgente y la mayor diligencia, dadas las fechas- junto con lo acontecido en la expresada reunión.

Finalmente manifestar -en el marco de la buena fe negocial que impera en la labor sindical de UGT- nuestro más profundo rechazo a las formas y modos a los que hemos asistido, desde el momento en que la metodología, en una materia tan esencial y delicada para el conjunto de empleadas y empleados públicos, se ha centrado en filtraciones, a nuestro juicio interesadas, para tomarlas como punto de partida. Este es un aspecto que, estimamos, ya vaticina el nuevo atropello que, en breve, podrá acontecer.

Seguiremos informando. Un saludo.


miércoles, 19 de diciembre de 2012

SE SIGUEN ENSAÑANDO CON LOS EMPLEADOS PÚBLICOS


SECTOR ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
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SE SIGUEN ENSAÑANDO CON LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
EN DICIEMBRE, AUMENTO DE JORNADA Y ELIMINACIÓN DE LA PAGA EXTRA
Ayer, 17 de diciembre, fue convocada la Mesa General de negociación de la AGE para tratar,
supuestamente una sola cuestión, la Instrucción de Jornada y Horarios del personal de la AGE y junto a
ello, la regulación de las ausencias de asistencia al trabajo en nuestro ámbito.
¿Por qué decimos supuestamente? Por el innovador método de discusión que se empeña en utilizar la
representación de Función Pública. No hay propuesta de la Administración. Se identifican algunas de las
modificaciones legales que habría que trasladar a la Instrucción (la jornada mínima de 37,5
horas/semana recogida en la Ley de Presupuestos del año 2012 y los sablazos sufridos tras la
publicación del RD-Ley 20/2012 que se llevó por delante bastantes más cosas que la paga extraordinaria
de este mes) y se nos recuerda un documento fantasma, anterior a julio de este año y al RD-Ley antes
indicado, un documento que jamás se nos envió a la representación sindical aunque se filtró,
probablemente de forma interesada, para ir creando opinión. Con todo ello, la Subdirección General de
Relaciones Laborales presenta una imaginativa fórmula que viene a denominar posición de partida que,
en un contrasentido sin precedentes, no debe ser considerada la propuesta de la Administración.
¿Por qué quieren hacer coincidir la reunión de jornadas y horarios con la escenificación de la retirada de
la paga extraordinaria? Lo que estimamos es que quieren trasladar un mensaje a la sociedad de que el
aumento de jornada es para ejemplarizar con los empleados públicos, cuando los sindicatos, como
representantes de la clase trabajadora, queremos que haya más oferta de empleo público y que la
ampliación de jornada para los trabajadores no venga acompañada del cese de interinos, eventuales y
demás personal que tiene menos estabilidad en el empleo.
El Gobierno, no solo tiene que garantizar un mejor servicio público, sino absorber una parte el colectivo
demandante de empleo. Es más ético y más eficiente para la sociedad pagar a un trabajador que realiza
una jornada, en lugar de asistirle con una subvención, en el mejor de los casos, y tenerle estancado en
su proyecto vital.
Y todo esto, tras comenzar la Administración apelando a la buena fe y a la ética, tal y como se había
descrito en uno de los párrafos del Acuerdo firmado con las organizaciones sociales el pasado 25 de
octubre de 2012, dónde además se ponía de manifiesto la necesidad de trabajar por la excelencia y
profesionalidad de los empleados públicos como garantes de los servicios básicos que se prestan a los
ciudadanos.
SECTOR ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
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Por si ello fuera poco, cuando la presión de la parte social ha obligado a entrar en más detalle sobre lo
que la Administración realmente pretendía, nos encontramos con una explicación absurda.
Recorren los diferentes puntos o apartados que debe contener una Instrucción de Jornada y Horarios
pero son incapaces de establecer concreciones que sirvan para determinar si se pretende que la
Instrucción sea parte de la solución de los problemas que han generado los irracionales recortes que
hemos sufrido en esta materia o si por el contrario pretenden dar una nueva vuelta de tuerca a los
derechos de la plantilla de la AGE con la publicación de esta Instrucción. Y no decimos esto último de
una forma gratuita:
Hemos asistido a una asombrosa exhibición aritmética, con 28 años a vueltas, para concluir que la
jornada anual debe incrementarse de 1.647 a 1.664 horas.
Hemos oído referencias al Estatuto de los Trabajadores para dejar la interrupción de la jornada, la
media hora de almuerzo, reducida a 15 minutos.
Hemos escuchado planteamientos de cierre de unidades en periodos concretos y obligar con ello al
disfrute coincidente de vacaciones de quienes trabajen en dichos centros.
No hay empacho en plantear la Formación como obligatoria, olvidar cualquier referencia a la
conciliación y dedicarle más tiempo al control de ausencias que a cualquier otro aspecto.
Conocidos estos planteamientos miedo da profundizar sobre la horquilla de horario obligatorio, sobre
cualquiera de los elementos que pudiesen permitir la flexibilización o sobre las características de los
diferentes tipos de jornada.
Incluso en aquel aspecto en que pretende ser más generosos queda patente lo mezquino de su oferta. El
proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2013 incluye una disposición adicional, a propuesta del PP,
que regula los descuentos por ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que no de lugar a una
situación de Incapacidad. Establecerá dicha disposición que en los tres primeros días, en los que cabe
estar sin parte de baja de IT, el descuento en la nómina por estar enfermo sea también del 50%. Esta
decisión entrará en vigor el 1 de enero. A ello el legislador une la posibilidad de que desde el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas se regule o module la aplicación, dejando abierta la posibilidad
de que el descuento se aplique a partir de un determinado número de días de enfermedad en el año.
¿Cuántos proponen? Dos días. Como puede apreciarse, el colmo de la generosidad y la demostración de
por dónde van los ánimos de quienes dirigen la Función Pública de este país.
Y todo esto, en un contexto dónde los empleados públicos ya han sufrido la bajada de retribuciones,
eliminación de la paga extra, modificación del horario laboral haciéndole incompatible con la
conciliación de la vida personal y familiar, deducción de retribuciones por causa de enfermedad,
minoración de los días de asuntos propios, establecimientos de ERES extintivos, excluyendo el de
suspensión o modificación salarial, siendo éstas algunas de las políticas que han sido aplicadas
drásticamente al colectivo de empleados públicos y que, lejos de otorgarles satisfacción y motivación
laboral, les han abocado a una situación de indignación y rabia. Lejos de ser socialmente responsables,
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solo pueden caracterizarse de antisociales e irresponsables por las graves consecuencias que acarrean a
sus destinatarios.
Asimismo, estas medidas se adoptan en un escenario de máxima debilidad social, considerando los casi
seis millones de parados que existen en este país, sin que las mismas, no solo no solventen el drama en
el que se encuentra sumida la sociedad, sino que agravan el mismo.
ES INMORAL SACAR VENTAJA DE LA CRISIS SOCIAL Y ECONÓMICA DESDE POSICIONES QUE BENEFICIAN
SOLO APARENTEMENTE A LA EMPRESA
A la vista de lo anterior, cinco son los principios orientadores de nuestra participación en la mesa de
negociación:
1.- Es inaceptable cualquier planteamiento de la Administración que pretenda un nuevo recorte, un
empeoramiento adicional de las condiciones de trabajo o cualquier otro tipo de devaluación de los
derechos de quienes trabajamos en la AGE. Si ese es el objetivo de la Administración que de por
garantizada nuestra más absoluta beligerancia.
2.- Nuestro trabajo en la mesa de negociación va a estar dirigido a recuperar, mantener y/o potenciar
todas las fórmulas o mecánicas flexibilizadoras que permitan contrarrestar, en la medida de lo posible,
los graves efectos que han propiciado los recientes recortes en todo lo relacionado con esta parcela.
3.- Vamos a poner especial cuidado con todo lo vinculado a la conciliación. El Plan Concilia, desde
nuestra perspectiva es un acuerdo vigente en su totalidad, debe ser respetado y tener reflejo con
garantías en la Instrucción que se confeccione.
4.- Por último, debemos incorporar a la instrucción que se elabore cuantas mejoras se hubiesen podido
producir desde la publicación de la que actualmente está vigente (2005). Hay cosas concretas, desde los
permisos de formación individuales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores que no conllevan
descuento alguno de retribuciones, a los nuevos criterios de disfrute de vacaciones tras un periodo de IT
que han sido establecidos por una sentencia del Tribunal Europeo, consolidada por el Tribunal Supremo
y que permite que los días de vacaciones no disfrutadas en un año concreto por encontrarse de IT se
puedan disfrutar en el siguiente tras el alta en la Incapacidad Temporal.
5.- Pretendemos que este acuerdo sea una garantía de mínimos que posibilite acuerdos específicos en
los distintos ámbitos, a la vista de su singularidad, tanto territorial como institucional.
Con estos cinco principios y trabajando sobre la base que proporciona la Instrucción de Jornada y
Horarios vigente del 20 de diciembre de 2005, debería poderse definir una nueva Instrucción que no
lesionase ningún derecho adicional, que corrigiese alguna de las tropelías cometidas por este Gobierno y
que sirviese como instrumento para la gestión.
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Hay espacio más que suficiente y si ello no fuese posible, lo único que se demostraría es la falta de
voluntad política de los responsables de Función Pública y el empecinamiento de los mismos en seguir
castigando a quienes trabajamos en esta Administración. Algo, que de ponerse de manifiesto, nos
obligaría a responder de manera inmediata y contundente.
El proceso de negociación va seguir desarrollándose de forma intensa durante los próximos días.
Esperamos que la Administración sea capaz de presentar una propuesta real y que con ello se vayan
disipando los nubarrones que hoy existen. Del proceso de negociación os iremos informando
puntualmente.
Estamos nuevamente ante un escenario peligroso. Estamos potencialmente ante un nuevo ataque a
nuestros derechos y afrontando una situación que puede tornar en otro escarnio de las empleadas y
empleados públicos de la AGE ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía para justificar un
nuevo hachazo.
No lo vamos a consentir y así de claro lo hemos dejado en la reunión que se ha mantenido.
Un saludo.

lunes, 17 de diciembre de 2012

Clamor social legítimo y democrático contra los recortes

Clamor social legítimo y democrático contra los recortes

UGT.- lunes, 17 de diciembre de 2012
Decenas de miles de personas se han movilizado en las más de medio centenar de manifestaciones y concentraciones convocadas en todo el pais por la Cumbre Social. Éstas, según el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, constituyen el "clamor social legitimo y democrático que reprueba de forma contundente la política de recortes del Gobierno".
Muchos de los manifestantes han sido jubilados y pensionistas que han denunciado que el Gobierno está incumpliendo la legislación de nuestro país, "que está incurriendo en un acto inconstitucional que queremos reprobar hoy en la calle", ha explicado Méndez.
Cuando el Gobierno se niega a revalorizar las pensiones, está negando "las posibilidades de vida de más de ocho millones de personas", porque "en muchos casos son las únicas rentas que tienen familias españolas que dependen de la pensión de abuelos y abuelas".
Asimismo, ha advertido sobre la posibilidad de que esta medida sea la antesala de futuros recortes o modificaciones del sistema. Y ha asegurado que es necesario combatir las políticas que empobrecen a la población y las maneras de gobernar carentes de transparencia. "Tenemos que rechazarlo en la calle, porque no nos dejan otra alternativa", la manifestación de Madrid, encabezada por una pancarta con el slogan
¡Defiéndete! Contra las tasas judiciales, las privatizaciones, los despidos salvajes y la falta de protección al desempleo ha empezado en la plaza de Neptuno y ha concluido en La Puerta del Sol con la intervención de responsables de las organizaciones de jubilados y pensionistas de UGT, CCOO Y USO y la lectura del manifiesto de la cumbre social, integrada por los sindicatos y mas de ciento cincuenta organizaciones.

domingo, 16 de diciembre de 2012

El Gobierno quiere imponer que los ciudadanos paguen tres veces o más por la misma prestación sanitaria

El Gobierno quiere imponer que los ciudadanos paguen tres veces o más por la misma prestación sanitaria
UGT exigirá el lunes la retirada del RD del Sistema Nacional de Salud que incluye el repago del transporte sanitario

UGT.- jueves, 13 de diciembre de 2012
El próximo de 17 de diciembre, en el orden del día del Comité Consultivo del SNS, está previsto la presentación por la Administración de los proyectos de órdenes sobre transporte sanitario no urgente del Sistema Nacional de Salud (SNS), productos dietéticos y prestación ortoprotésica suplementaria (específicamente para las sillas de ruedas), que desarrollan el RD- Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS.
El Gobierno vuelve a arremeter contra los colectivos más vulnerables. Esta vez, pone el punto de mira en los enfermos con mayores problemas de salud, como son los enfermos crónicos, los oncológicos y los que precisen hemodiálisis, presentando una orden que regula el repago del transporte sanitario no urgente, hasta ahora ya pagado con impuestos en el momento del uso, en todas las Comunidades Autónomas.
De aprobarse esta Orden, los asegurados activos (excepto afectados por el síndrome tóxico, perceptoras de Renta de Integración social, personas con discapacidad beneficiarias del sistema especial de prestaciones sociales y económicas y los AT y EP), los pensionistas (excepto las pensiones no contributivas) y los parados que cobren el subsidio de desempleo tendrán que pagar un 10% de la Base de cálculo que se establece en 50€ por traslado. Se establecen límites para la aportación:
  • 60 €/mes para rentas que sean iguales o superiores a 100.000 €.
  • 20 €/mes para rentas que sean iguales o superiores 18.000 € e inferior a 100.00€.
  • 10 €/mes para rentas que sean iguales o inferiores a 18.000 € y para los beneficiarios de mutualidades administrativas (MUFACE, ISFAS y MUJEGU).
  • Las anteriores limitaciones en las aportaciones se realizarán semestralmente (60, 20 o 10 € /semestre), cuando la prestación sea necesaria en un periodo de más de 6 meses (enfermos crónicos) y con una periodicidad de 4 traslados semanales (2 días por semana, ida y vuelta). Lo que dejaría fuera, por ejemplo, los tratamientos oncológicos de quimioterapia y la mayoría de los de rehabilitación.
    En esta orden no se especifica cómo se realizarán las aportaciones, y por tanto, si los ciudadanos tendrán que adelantar los pagos al igual que en el caso de los medicamentos.
    A esto hay que añadir más repagos con los otros dos nuevos proyectos normativos: el Proyecto de Orden por la que se establece la aportación del usuario en la cartera común suplementaria de prestación con productos dietéticos y el Proyecto de Orden por la que se regula la prestación ortoprotésica suplementaria (específicamente para las sillas de ruedas)
    En resumen, estos tres proyectos de orden suponen nuevas cargas económicas para los ciudadanos, mayores barreras de acceso al sistema sanitario y menor protección social. Por ello, UGT exigirá al Ejecutivo la próxima semana en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la retirada inmediata del Real Decreto-ley 16/2012 y sus órdenes de desarrollo, que ni garantizan el sostenimiento del sistema ni mejoran la calidad y seguridad de sus prestaciones.
    Nuestro sistema es sostenible y se financia a través de los impuestos. Es decir que los ciudadanos ya pagan de esa forma la sanidad pública. Ahora, con estas reformas, además repagan por las prestaciones sanitarias cuando las reciben. El Sistema Nacional de Salud es uno de los mejores sistemas sanitarios de los países desarrollados.
    Para UGT, esta medida es una losa más de la continua regresión a la que este Gobierno somete a sus ciudadanos, modificando muchos de los aspectos esenciales y que afectan a las garantías de los derechos de los ciudadanos, a los criterios de acreditación del derecho a la asistencia sanitaria, que deja de ser universal y gratuita, y a la ordenación de las prestaciones.