Los PGE para 2013 del Gobierno ahondan en el desastre

Los PGE para 2013 del Gobierno ahondan en el desastre UGT insiste en establecer un suelo de gasto social, que garantice niveles de protección suficientes UGT.- jueves, 27 de septiembre de 2012 Share on gmailShare on facebookShare on emailShare on twitterMore Sharing Services28

El anteproyecto de Ley de los PGE para 2013, aprobado hoy en Consejo de Ministros, son reincidentes: recortan la inversión y los servicios públicos, suponen una nueva pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y recortan las políticas de empleo y las prestaciones por desempleo. Profundizan en la línea del desastre, provocarán más recesión, más paro y ahondan en una política errónea, inútil y tremendamente injusta, que da la espalda a los ciudadanos y no solucionará tampoco los problemas deuda pública y déficit. Quebrar los estímulos al crecimiento y hacerlo desmantelando el Estado del Bienestar provocará un empobrecimiento de la población, un deterioro de los derechos sociales y laborales y mayor desigualdad y exclusión. UGT considera esencial establecer un suelo de gasto social que permite mantener niveles de protección social suficientes en línea con Europa. Asimismo, defiende un cambio de rumbo de esta política que apueste por el crecimiento, por reducir el déficit de manera progresiva y en plazos compatibles con la reactivación económica y la equidad social; y que contemple una reforma fiscal justa y progresiva que luche contra el fraude, sin amnistías fiscales. Una nueva política que apueste por una industria dinámica y competitiva y una reforma financiera que otorgue estabilidad al sistema e incluya la creación de una banca pública que permita que el crédito llegue a los ciudadanos y las empresas. El anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobado hoy en Consejo de Ministros, solo constatan un hecho: la obcecación del Gobierno de España por la reducción del déficit público como objetivo único y exclusivo de toda la política económica de nuestro país, objetivo que no solo no se está cumpliendo, sino que está estrangulando la economía de nuestro país, cercenando las posibilidades de salida de la crisis, generando una escalada del desempleo sin precedentes y situando a las familias en una situación dramática e insostenible, dado el empobrecimiento y la desprotección de la de la población y la nula equidad de las medidas adoptadas por el Gobierno. Como muestran los datos de Contabilidad Nacional del segundo trimestre de este año, España está en recesión. Se reduce el consumo porque el poder de compra de los ciudadanos y los trabajadores es cada vez menor; se reduce la inversión, cae la inversión empresarial, muy endeudadas, no encuentran vías de financiación, ni tienen expectativas de mejora; se ha reducido el gasto público hasta niveles contrarios a la actividad económica e incompatibles con la provisión de servicios públicos esenciales en nuestro país, que hoy por hoy está inmerso en plena recesión económica, con una tasa de desempleo insostenible y una regresión social sin precedentes en los últimos cuarenta años. Y esta situación se ha precipitado debido a las políticas de recortes y contrarreformas impuestas por el Gobierno del PP. Medidas que comenzaron por el recorte de 27.300 millones de euros en los PGE 2012, es decir, un 2,5% del PIB, con un reparto muy desigual: 0,8 puntos de PIB corresponden a incrementos de ingresos y 1,7 puntos a recortes de gasto. Posteriormente, las medidas dirigidas a la reducción del déficit público de más de dos puntos y medio, desde el 8,5% al 6%, redujeron de nuevo el gasto público en 8.900 millones de euros. El decretazo del pasado mes de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad incluyen una detracción de la economía de 65.000 millones de euros (por el efecto conjunto del recorte de gasto y del aumento de impuestos; 55.000 ahora, y 10.000 adicionales con reformas futuras), que simplemente impiden todo atisbo de reactivación y toda expectativa de que ésta sea posible en los próximos años, porque en 2012 el ajuste previsto es de 13.531 millones, en 2013 de 22.865 millones, y en 2014 de 20.045 millones, lo que supone un ajuste descomunal para nuestra economía, equivalente a 1,3 puntos de PIB en 2012, a 2,1 puntos en 2013 y a 1,8 puntos en 2014, incompatible del todo con la reactivación económica y la recuperación del empleo. Además, todo el ajuste recae sobre los trabajadores y las familias españolas, dado que se está produciendo una devaluación interna vía reducción de costes salariales que está deprimiendo el consumo, lastrando más la producción y destruyendo más empleo. Los datos de la evolución de las rentas ponen de manifiesto que mientras las remuneraciones de los asalariados descienden fuertemente, un 3,9% anual, los excedentes empresariales crecen un 3,4%, algo muy llamativo en el contexto de crisis actual. Y este contexto está acompañado de reducción de las prestaciones por desempleo, de los servicios sociales y la dependencia y de los salarios de los empleados públicos, la subida indiscriminada y regresiva de impuestos (IVA), el desmantelamiento de nuestro sistema sanitario y de nuestra educación pública, el desarme del plan PREPARA y una reforma laboral que es la mayor agresión del Derecho del Trabajo desde su nacimiento y la consumación de la involución de los derechos laborales en nuestro país, y que como era previsible, está resultando claramente ineficaz como pone de manifiesto la pésima situación por la que atraviesa el empleo, y que parece que no va a mejorar, dado que según la propia previsión del Gobierno en 2013 la tasa de paro alcanzará el 24,2%. Las medidas impuestas son absolutamente contraproducentes, porque aceleran la depresión económica a la vez que reducen las posibilidades para combatirla, al tratarse de medidas procíclicas, es decir, que promueven menos consumo, menos inversión, menos actividad y, en definitiva, más recesión y más paro. Continuar por este camino supone quebrar los estímulos al crecimiento, y hacerlo desmantelando el Estado del Bienestar supone el empobrecimiento y la desprotección de la población, que junto al deterioro de los derechos sociales y laborales, tiene como consecuencia el aumento de la desigualdad y la exclusión. Una alternativa para paliar el incremento de la pobreza y la desigualdad en nuestro país, y en contraposición a la reforma constitucional sobre la que UGT ya mostró su rechazo porque solo prima el objetivo de déficit y no la protección social, es el establecimiento de un suelo de gasto social. En este sentido, es preciso ligar la reforma constitucional sobre los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública a la necesidad de reconocer un suelo de gasto social que permita en el futuro el mantenimiento de niveles de protección suficientes en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales, protección por desempleo, pensiones y Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), de manera que España pueda converger con los niveles europeos de protección social. Este suelo de gasto social debe ser el necesario para garantizar la consecución de los principios rectores de la política económica y social establecidos en la Constitución Española. Porque se trata de un pilar fundamental para la justicia social y en desarrollo económico, porque los sistemas de protección social son una herramienta clave para combatir la pobreza y la desigualdad, y contribuyen al crecimiento económico mediante el aumento de la productividad laboral y la mejora de la cohesión social. Lo que España precisa es un cambio de rumbo, cuyo objetivo inmediato sea el crecimiento económico. Pero un crecimiento equilibrado y sostenible, basado en el empleo de calidad, estable y con derechos, objetivo que demanda restablecer el equilibrio presupuestario a largo plazo, para lograr una reducción progresiva del déficit público en plazos compatibles con la reactivación económica y la equidad social. Esto exige una reforma fiscal justa y progresiva que luche contra el fraude, sin amnistías fiscales, que eleve la suficiencia de los ingresos y reparta de forma más justa sus cargas. Según la Memoria 2011 de la Agencia Tributaria, del total de ingreso que gestiona, más del 43% proviene del IRPF (es esperable que en 2012 la tendencia sea al alza, dada primara medida del Gobierno: la subida del IRPF en 2012) y apenas un 10% del Impuesto de Sociedades (IS); además, a pesar de que los tipos nominales del IS es el 30% para grandes empresas y del 25% para las PYMES, todos los ajustes fiscales y contables que permite la legislación, más las deducciones, exenciones y bonificaciones a que pueden acogerse las empresas, sitúa el tipo efectivo del IS en el 11,6%, muy por debajo del los tipos a los que se gravan las rentas del trabajo. Esta reforma fiscal debe ir acompañada de una apuesta firme por una política industrial dinámica y competitiva, y de una reforma financiera que otorgue estabilidad al sistema, que incluya la creación de una banca pública que permita el acceso al crédito a todos los ciudadanos y a las empresas, y que sirva de instrumento de política económica para el cambio de modelo productivo que necesita nuestra economía. Todo ello preservando nuestro Estado de Bienestar y nuestro modelo de convivencia. Y el anteproyecto de PGE 2013 no sigue este camino, sino el del desmantelamiento de nuestro Estado de Bienestar, la privatización de los servicios públicos y la fractura social. Por ello, desde UGT mostramos nuestro rechazo a estos PGE que, por una lado, no son la solución a la crisis, puesto que agravarán aún más los problemas de deuda pública y déficit y, por otro lado, reinciden en una fractura social sin precedentes en España y nos arrastran a una sociedad más injusta y menos igualitaria, gracias a la demolición de nuestros derechos y a la aniquilación de nuestro modelo social.

Censo laboral Córdoba

Censo laboral Córdoba

El Gobierno vuelve a congelar los sueldos de los funcionarios en 2013

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Los  empleados del sector público recuperarán las pagas extras, pero mantendrán congelado el salario en 2013, según les ha trasladado este miércoles el Gobierno a los sindicatos durante la reunión de la Mesa General de la Negociación en las Administraciones Públicas, convocada para dar cuenta de las medidas contenidas en los Presupuestos para el próximo año que afectan a este colectivo.

   Además, la tasa de reposición volverá ser cero en las administraciones salvo para colectivos como fuerzas de seguridad del Estado u otros dedicados a la inspección del fraude fiscal, catálogo al que se han añadido dos colectivos más a los que ya se habían fijado para 2012.

   Además, si para estos últimos se había reducido la oferta de empleo público al 10% en 2012, para el próximo año ésta podrá ser incluso inferior, según decida cada organismo, pasando ese 10% a ser un límite máximo.

   Otras de las medidas avanzadas, han sido la previsión de no contratación de nuevos empleados, ni por contrato temporal ni interinos, en las administraciones o la supresión de prestaciones sociales para los mutualistas del Muface. Concretamente, se trataría de pensiones de viudedad anteriores a 1984 de clases pasivas o la retirada de complementos a mínimos en la pensión al personal del servicio exterior, a los que además no se les pagará el viaje que hasta ahora se les costeaba para pasar la Navidad en España.

   Según cálculos de los sindicatos, estos nuevos recortes, sumados a la puerta que la reforma laboral abre a los despidos en las administraciones, podrían derivar en la pérdida de hasta medio millón de empleos en el sector público, que se sumarían a los casi 200.00 empleos que se han perdido en el último año, sin contar las no contrataciones.

LOS SINDICATOS NO SE FÍAN.

   En cualquier caso, los sindicatos no se fían y creen que los recortes pueden ser mayores una vez se plasmen en los Presupuestos, en tanto que durante la reunión, a la que no acudió el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en representación del Gobierno, sino la secretaria general de la Función Pública, Carmen Sánchez, no se les ha entregado ningún documento con los detalles de estas medidas, ni se les ha comunicado tampoco cuándo verán compensada la paga extra que no cobraron en diciembre de 2012.

   Además, los sindicatos han salido decepcionados tras la reunión y han denunciado que el Gobierno no ha planteado ningún debate, sino que se la limitado a poner sobre la mesa una serie de recortes impuestos.

   Así, el presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha señalado que el "Gobierno se ha limitado a comunicar lo que va a pasar con los empleados públicos en los próximos Presupuestos".

   "Nuevamente volvemos a perder poder adquisitivo y volvemos a ser paganos de la crisis", ha señalado para añadir, la congelación de la tasa de reposición repercutirá en la calidad de los servicios público.

   El responsable de la federación de la Función Pública, Enrique Fossoul, ha señalado que el Gobierno ha dado "otra vuelta de tuerca" con congelaciones salariales y de la oferta de empleo público por tercer año consecutivo, que, según dijo, supondrá "más desprofesionalización" e "incertidumbre".

   "Hay un intento muy claro del Gobierno de rendir cuentas a la patronal, que es quien le dicta la política para privatizar servicios públicos", añadió, para apostillar que "es más de lo mismo".

   Para terminar, señaló que el Gobierno "se ha burlado del derecho de negociación y lo han transformado simplemente en un proceso de información".

   Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT, Mª Carmen Barrera, denunció que el Gobierno ha convocado la mesa de negociación "no para negociar, sino para comunicar". "No hemos conseguido que se abra un proceso de negociación colectiva", añadió.

NUEVAS MOVILIZACIONES EL 28 DE SEPTIEMBRE.

   Preguntados por la respuesta que cabe esperar por parte de los trabajadores del sector público, Barrera ha recordado que los sindicatos hoy presentes en la reunión están inmersos en una plataforma sindical, que aglutina a 26 organizaciones y que tiene convocado un calendario de movilizaciones permanente, en la que se incluye nueva movilización el próximo 28 de septiembre, ante el Ministerio de Economía, para protestar contra el contenido de estos Presupuestos.

   "Estamos en conversaciones con el resto de las organizaciones sindicales porque queremos que esto tenga la mayor repercusión", completó Borra, mientras que Fossoul avisó que desde CC.OO se va a incentivar la participación de los empleados públicos en la movilizaciones convocadas.

Transparencia en el Presupuesto de la Seguridad Social y que no se reduzcan las cotizaciones sociales

Transparencia en el Presupuesto de la Seguridad Social y que no se reduzcan las cotizaciones sociales UGT y CCOO exigen el cumplimiento del compromiso de revalorización de pensiones UGT.- miércoles, 26 de septiembre de 2012 Share on facebookShare on emailShare on twitterShare on printMore Sharing Services?

El pasado 21 de septiembre, CCOO y UGT se dirigieron por escrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social reclamando información sobre el Presupuesto de la Seguridad Social dado que el organismo que debe elaborar el anteproyecto del mismo, el Consejo General de la Seguridad Social no había recibido información alguna para realizar esa labor y se ha anunciado la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos en el Consejo de Ministros que se celebrará mañana 27 de septiembre. UGT y CCOO quieren hacer notar su preocupación por la falta de transparencia que en relación con el Presupuesto de la Seguridad Social y sobre la posible utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social está manteniendo el Gobierno. En este marco, CCOO y UGT manifiestan, en primer lugar, la absoluta contradicción que supondría mantener la anunciada rebaja de cotizaciones de un punto porcentual en 2013 y otro en 2014, debilitando gravemente los ingresos del sistema de pensiones contributivas, al tiempo que se anuncia una eventual utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. De la misma forma, ante el anuncio ayer del Presidente del Gobierno de que se van a revalorizar las pensiones en 2013, UGT y CCOO exigen: el cumplimiento del compromiso de revalorización de las mismas que está en vigor; el cumplimiento de los contenidos de la última reforma de pensiones sobre incremento de bases de cotización; y, finalmente que, a diferencia de lo ocurrido en 2012, se produzca el incremento de las referencias a rentas mínimas garantizadas (SMI e IPREM, y el consiguiente incremento de las bases mínimas de cotización).

El proyecto de Ley de Tasas encarece el acceso a la Justicia a los ciudadanos

ESTÁ CLARO QUE ESTOS QUIEREN DEJAR EL ACCESO PARA LA JUSTICIA SOLO PARA RICOS. El proyecto de Ley de Tasas encarece el acceso a la Justicia a los ciudadanos UGT y CCOO remiten al Gobierno sus alternativas UGT.- miércoles, 26 de septiembre de 2012 Share on facebookShare on emailShare on twitterShare on printMore Sharing Services0

UGT y CCOO han enviado a los ministros de Justicia y Empleo y Seguridad Social, Alberto Ruiz Gallardón y Fátima Báñez, respectivamente, sendas cartas con las objeciones y alternativas de CCOO y UGT al Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Los sindicatos consideran que el proyecto de ley del Gobierno encarece el acceso a la Justicia a los ciudadanos. Las observaciones de UGT y CCOO parten de una serie de principios sobre el desarrollo del derecho a la tutela judicial que consagra la Constitución y de consideraciones relacionadas con el marco vigente y la naturaleza del proyecto de Ley que regula determinadas tasas de la Administración de Justicia. El Proyecto de Ley establece tasas judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales excepto en el penal, y supone la aportación de cantidades de cierta importancia en diversos momentos del procedimiento. Los trabajadores están exentos en los pleitos que tengan con el empresario o en materia de prestaciones de Seguridad Social (aunque no está suficientemente claro), sin embargo no hay exención en materia de prestaciones de dependencia. Por otro lado, el listón económico de las personas con derecho a justicia gratuita es muy bajo, doble del SMI con pagas extras, con independencia de las cargas familiares, lo que supone que para la inmensa mayoría de las personas acudir a los Tribunales se va a convertir en un lujo, porque además de pagar al abogado y al procurador tuyo y el de la otra parte, hay que abonar 300 euros si se pierde en un procedimiento ordinario y, si no dan la razón a la primera, para la apelación habrá que abonar otros 800 euros.. En las observaciones al Proyecto de Ley que presentan a Gallardón y Báñez, los secretarios de Participación Institucional de CCOO y UGT, Laura Pinyol y Frederic Monell, consideran que elevar los costes para un número importante de asuntos judiciales no puede verse como favorecedor de la justicia, sino como condicionante o limitadora según la capacidad económica. Añaden que cuando los ciudadanos y las organizaciones acuden a los Tribunales para impugnar disposiciones de carácter general, además de defender sus derechos, están realizando una labor de interés para el propio Estado, que no debería estar sometida a cargas económicas, pues rebaja las posibilidades de participación pública por esta vía judicial.

CRISIS Y RECORTES

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Estamos en una situación de especial trascendencia y por ello pedimos que se consulte al pueblo español

ULTIMA PROPUESTA RPT 18 9 2012

Como continuación a la reunión del grupo de trabajo de la Mesa Delegada de la MGNAGE que tuvo lugar en Sevilla del lunes 17 de septiembre, aquí está el RID de la RPT de personal laboral de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Asimismo, se informa que de acuerdo con la documentación facilitada por la Confederación en dicha reunión, el Área de Planificación ha procedido a la rectificación, con respecto al último entregado para la reunión del grupo de trabajo de la MGNAGE mantenida el 11 de septiembre, de los siguientes puestos de trabajo:

• el puesto de trabajo 82285, por sentencia judicial firme, se le ha asignado el complemento A3 (Anexo II.5)
• el puesto de trabajo 81994 se le ha modificado la especialidad en virtud (Anexo IV)
• en el puesto de trabajo 82124 no procedía el cambio de localidad por lo que su localidad es Jaén (nuevo Anexo III.2 ya que desaparece la documentación número 13 relativa al L3R de Manuel Adán Adán).

Un saludo.

ULTIMA PROPUESTA RPT 18 9 2012