UGT, junto con el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios, CCOO, USO y CSIF han presentado en el día de hoy la Plataforma “Justicia para Todos”, plataforma que se constituyó el pasado 3 de diciembre en rechazo a la Ley de Tasas Judiciales, al Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita y, en general, a la implantación de medidas que obstaculicen que los trabajadores, consumidores y usuarios puedan recurrir a la justicia en la defensa de sus derechos.
En la presentación de la plataforma ha intervenido, por parte de UGT, el Secretario de Política Institucional, Frederic Monell, que ha afirmado que estas medidas del Gobierno en materia de justicia “son una pata más de un conjunto de políticas que ponen en dificultades el ejercicio de derechos y libertades de todos los ciudadanos”.
Unas medidas “que hay que contemplarlas también en coordinación con la reforma del código penal y con lo que significa la reforma laboral, que limita el derecho de los trabajadores a reclamar ante los tribunales frente a la arbitrariedad y lesión de sus derechos”.
En este sentido, ha manifestado que estas reformas “se imponen por un Gobierno autoritario que no consulta a nadie para aprobar sus políticas, ni siquiera a los afectados, incumpliendo con las obligaciones legales y con el espíritu de la Constitución, según la cual las políticas públicas deben ser concertadas con las organizaciones sociales”.
Además, “protegen a los poderosos, a los que más recursos tienen, respecto a los que necesitan la ayuda de la justicia para defender sus intereses frente a estos poderosos”. Por ello, ha anunciado que, desde la plataforma, se van a impulsar movilizaciones e iniciativas “que esperamos que el Gobierno tenga en cuenta para evitar esta laminación de derechos para la mayoría de los ciudadanos de nuestro país”.
Por ello, esta Plataforma se constituye con el fin de defender con todos los medios democráticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado del Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, y queda abierta a cuantas asociaciones, agrupaciones, sindicatos o corporaciones tengan interés en unir sus voces para elaborar una nueva propuesta de modelo de Administración de Justicia.
|
|
|