Según los datos del Gobierno, el Plan PREPARA tiene un ratio de cobertura del 3,71% sobre el total de desempleados (5.693.100 según la EPA), y en el año y medio que lleva en vigor (desde febrero de 2011) sólo el 14,15% de sus beneficiarios han sido menores de 24 años.
UGT recuerda al Gobierno que el Programa PREPARA forma parte del Acuerdo Social y Económico surgido del diálogo social entre Gobierno, empresarios y sindicatos en febrero de 2011, tenía como objetivo la “recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo”, y que la remuneración ligada al plan era sólo una de las medidas planteadas.
Los beneficiarios del Programa debían someterse a la realización de itinerarios individualizados de inserción laboral, y participar en medidas de política activa de empleo encaminadas a su recualificación. El sindicato considera que el brutal recorte del 21% aplicado por el Gobierno a las políticas activas de empleo, y la desaparición de 1.500 promotores de empleo han comprometido una buena parte de los objetivos del plan, sumándose así a la situación de colapso de la actividad económica que vivimos y la falta de financiación de las empresas que dan lugar a la incapacidad de nuestro país para generar empleo.
Además, los datos de ejecución del Programa hechos públicos por el Ministerio de Empleo no detallan cuestiones fundamentales, como cuantos trabajadores menores de 24 años son –a la fecha de los datos facilitados- los que reciben los 400 euros. Lo que sí queda claro es que desde el inicio del programa este colectivo no ha superado el 14,15% del total de beneficiarios, de los cuales no conocemos sus condiciones personales o familiares.
El Programa PREPARA ya establecía condiciones de acceso:
“Las personas beneficiarias de este programa deberán carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Se computarán como rentas el importe de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas concedidas por otras Administraciones Públicas.
A estos efectos, aunque la persona solicitante carezca de rentas, en los términos anteriormente establecidos, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores de esa edad con al menos una discapacidad del 33 %, o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas previsto en el párrafo anterior, cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluida la persona solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias”.
La exigencia a los beneficiarios de esta ayuda de estar independizados del ámbito del hogar familiar es como mínimo una absoluta falta de sensibilidad por parte del gobierno, y desconocer o hacer caso omiso de la realidad que están padeciendo millones de trabajadores que se encuentran en situación de desempleo sin ningún tipo de ingreso. ¿Es posible que un joven viva de manera independiente con una renta de 400 euros? En algunas ciudades del país es imposible. ¿Es posible que una familia (joven o no) pueda vivir de manera independiente con 400 euros? ¿Es que el Gobierno pretende dejar sin recursos a las familias jóvenes que se han visto en la necesidad de reagruparse con sus familiares para poder vivir?
UGT considera que el Gobierno tiene la oportunidad de concretar su autoproclamado compromiso con los trabajadores en paro, además de renovando el Programa Prepara, evitando cualquier tipo de recorte en su dotación presupuestaria o endurecimiento en las condiciones de acceso para los posibles beneficiarios. El sindicato exige al Ejecutivo que clarifique las modificaciones que pretende introducir en al Plan y que las negocie con los sindicatos. En cualquier caso, UGT se opone a cualquier modificación que signifique impedir o dificultar el acceso este programa y recuerda que la última modificación introducida por el Gobierno en la Renta Activa de Inserción dejó fuera a más del 90% de sus beneficiarios.
