El IPC de noviembre viene marcado por dos realidades incuestionables: los pensionistas y los asalariados van a perder poder adquisitivo, mientras que las rentas de capital aumentan (solo en el trimestre anterior la remuneración de las asalariados cayó un 3,9%, según los datos de la Contabilidad Nacional, mientras que los excedentes empresariales crecieron un 3,4%). La pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas se va a producir como consecuencia del Real Decreto Ley, del 30 de noviembre, aprobado por el Gobierno del PP, que se salta a la torera el derecho de los pensionistas para que sus pensiones se revaloricen conforme al coste de la vida (un derecho consensuado con los agentes sociales y por los todos partidos políticos en el marco del Pacto de Toledo). UGT solicitará a la Defensora del Pueblo que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra este RD y canalizará la interposición de reclamaciones individuales de los pensionistas ante el Instituto Nacional de Seguridad Social. Asimismo, seguirá denunciando una política económica, basada en los recortes laborales y sociales, que solo conducen a más paro, mas recesión económica, mayores desigualdades y más miseria (un 27% de la población española ya está en riesgo de pobreza).
Según los últimos datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa en el mes de noviembre en el 2,9%, seis décimas por debajo del dato registrado en el mes anterior, mientras que la tasa mensual se sitúa en el -0,1%, nueve décimas por debajo de la que se registró en el mes de octubre.
Los grupos que han tenido mayor influencia en el descenso interanual del IPC general son: Transporte, cuya variación anual cae más de tres puntos y se sitúa en el 3,1%, por la caída de de los precios de los carburantes y lubricantes, que sí aumentaron en noviembre del año pasado, y los automóviles, dado el efecto del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE); Ocio y cultura, que presenta una variación anual del 1,2%, ocho décimas menos que el mes anterior, dada la caída de los precios de los servicios recreativos y deportivos y del viaje organizado, que disminuyen más que en 2011; Comunicaciones, que cae un punto lo que sitúa su tasa en el –2,7%, por la caída de los precios de los servicios telefónicos; yVivienda, con una tasa anual del 5,8%, tres décimas menos que en octubre, por la bajada de los precios de los gasóleo para calefacción.
Pero a pesar de la caída de la tasa anual del IPC general, cabe señalar el aumento de dos grupos: Medicina, cuya variación se incrementa tres puntos hasta el 13,5%, dado el aumento de los precios de los medicamentos y otros productos farmacéuticos, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa anual del 2,9%, cuatro décimas por encima que la del mes de octubre, debido al aumento de precios de los aceites, las legumbres y hortalizas frescas, la carne de ave y las patatas y sus preparados.
La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, disminuye dos décimas hasta situarse en el 2,3%, de modo que su diferencia con respecto al IPC general es de siete décimas.
Por último, destacar que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) cae cinco décimas respecto al mes anterior, situando su tasa en el 3,0%, una decima menos que el IPC general nacional. De este modo, el IPCA supera en una décima al IPC armonizado de la Zona Euro, que desciende tres décimas hasta el 2,2%, con lo que la diferencia con respecto a la tasa española disminuye.
Conclusiones
Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la tasa de variación anual en el 2,9%, lo que pone de manifiesto la difícil dinámica en la que sigue inmersa la economía española, de profunda recesión y destrucción masiva de empleo, de deterioro de las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos. A la subida de los impuestos indirectos (IVA), el copago farmacéutico y los incrementos de precios públicos y tasas sanitarias y educativas, que tanto perjudican a ciudadanos y a la actividad económica, ahora hay que sumar un nuevo engaño del Gobierno relacionado esta vez con la revalorización de las pensiones.
Y es que el dato hoy confirmado de la variación interanual del IPC general es especialmente significativo en la medida en que la Ley General de Seguridad Social, en su artículo 48, establece que es el índice de referencia que se utiliza para actualizar las pensiones y evitar que éstas pierdan poder adquisitivo como consecuencia el incremento de los precios. Si tenemos en cuenta que las pensiones fueron revalorizadas a principios de año un 1% y el IPC de noviembre ha cerrado en el 2,9%, el Gobierno debería proceder a abonar la diferencia en un pago único, antes del 1 de abril de 2013, con el que compensar esa desviación.
Pese a que dicha revalorización está garantizada por ley, el Gobierno aprobó el pasado día 30 de noviembre un Real Decreto-ley, en el que anula la actualización de las pensiones, causando con ello un doble perjuicio a los pensionistas. Por un lado, como consecuencia del importe que dejan de percibir este año (que para una pensión media de jubilación de 940 euros puede suponer más de 250 euros sólo en 2012), y, por el otro, porque dicha actualización no se consolida para años posteriores, lo que supone que de cara al futuro todas las revalorizaciones que se produzcan se harán sobre una cuantía menor, perpetuando la pérdida de poder de compra.
Es preciso tener en cuenta, además, que el Gobierno ha intentado maquillar esta realidad anunciando una revalorización de cara a 2013 del 1% para pensiones mayores de 1.000 euros y del 2% para pensiones menores de 1.000 euros, pese a lo cual, queda muy lejos de compensar la pérdida de poder adquisitivo de este año. Pese a esta medida, un jubilado medio podrá perder cerca de 400 euros en dos años. Situación que se agrava en el caso de todos aquellos que perciben en la actualidad pensiones mínimas (cerca del 28% del total de pensiones que se pagan en España), que se van a ver en grave peligro de exclusión social. Por ello, desde UGT consideramos inaplazable corregir esta situación y que el Gobierno compense el incremento de los precios, tal y como establece la Ley.
Pero es que además los trabajadores están soportando íntegramente el peso de los ajustes: si se observa la evolución de la distribución de la renta desde el inicio de la recesión, el peso de la remuneración de los asalariados ha descendido, mientras el del factor capital ha aumentado. Y esto ocurre en un contexto en el que los incrementos medios pactados en los nuevos convenios se sitúan en el 0,71% en el ámbito de la empresas y en el 0,72% en el ámbito sectorial, mientras que los datos de Contabilidad Nacional constatan que los excedentes empresariales han crecido el último trimestre un 3,4% según, muy lejos de la moderación que marca el II AENC, a la vez que la remuneración de los asalariados cayó en ese mismo periodo un 3,9%.
Y ante la cercanía de la actualización del Salario Mínimo Interprofesional y del IPREM para el año 2013, desde UGT instamos al Gobierno a mejorar el SMI de manera que recupere su poder adquisitivo en 2013 y retome la senda para alcanzar el 60% del salario medio neto, tal y como establece la Carta Social Europea, porque la actual situación es más que preocupante: en 2012, el peso relativo sobre el salario medio del SMI en España ha caído hasta el 40,3%, y la pérdida de valor acumulado desde 2010 alcanza el 4,6%, mientras que el IPREM, desde 2010 acumula una creciente pérdida de valor que alcanza el 7,1%.
En definitiva: los recortes no funcionan puesto cada vez se hunde más la actividad económica y el consumo, la destrucción de empleo no parece tener fin, y las desigualdades en el mercado laboral, la caída de la capacidad adquisitiva, y el empeoramiento en la distribución de la renta, están propiciando un deterioro más que preocupante del nivel de vida de la población que vive en España, de forma que el porcentaje de población en riesgo de pobreza alcanza ya el 27% en nuestro país.
Es obvio que los ajustes no funcionan para salir de la crisis y son altamente destructivos para el empleo. Lejos de mejorar la realidad económica, mes a mes el escenario se agrava mientras se aniquilan derechos laborales y sociales y se arruina la protección social. Por ello, desde UGT insistimos en la urgente modificación de la estrategia de política económica en España y en Europa, que compatibilice la recuperación del equilibrio presupuestario con la reactivación de la actividad y el empleo, sin pérdida de derechos sociales y laborales. Porque el desmantelamiento de los servicios públicos, la rebaja salarial generalizada, el empobrecimiento masivo (incluido el de los pensionistas) y la exclusión social no es la puerta de salida de la crisis.
Porque de esta crisis no se sale recortando las pensiones y los salarios, sino apostando por el crecimiento, la recuperación del empleo y la estimulación de la demanda interna a través del consumo y de la inversión, privada y pública. Porque la salida de crisis debe ser solidaria y social, enmarcada en el Estado de Bienestar, de todos para todos. Por ello, si el Gobierno no corrige su postura en lo que concierne a las pensiones, desde UGT solicitaremos a la Defensora del Pueblo que promueva un recurso de Inconstitucionalidad e iniciaremos una campaña para promover y canalizar la interposición de reclamaciones individuales de los pensionistas ente el Instituto Nacional de Seguridad Social, solicitando que se haga efectivo su derecho a recibir el abono de la paga única compensatoria por el incremento de los precios de 2012.
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