El Gobierno da una vuelta de tuerca más a la ley para intentar aniquilar la protesta en la calle

El Gobierno da una vuelta de tuerca más a la ley para intentar aniquilar la protesta en la calle

18-07-2012

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trató ayer de minimizar las protestas de los empleados públicos contra los recortes del Gobierno, anunciando que a los funcionarios que cobren menos de 962 euros brutos no se les suprimirá la paga extra de Navidad. Una media que afecta a un número irrisorio de empleados públicos, puesto que las exenciones serán casi anecdóticas. Hoy, el titular de Hacienda avanza un paso más en su intención de desmovilizar a los trabajadores: al “divide y vencerás” le añade el miedo como argumento y amenaza con no poder pagar la nómina de los empleados públicos. Para cerrar la estrategia, a través de uno de sus medios de comunicación más afines, alienta el odio al otro, tratando de retratar prebendas donde sólo existen derechos democráticos.

El Gobierno introduce en el Real Decreto 20/2012 una agresión brutal a la autonomía colectiva y la libertad sindical de los empleados públicos, con el objetivo de eliminar el derecho de defensa de los trabajadores. Unos derechos consagrados en nuestra Constitución. El autoritarismo del Gobierno es tal que anula, sin tener derecho a ello, convenios colectivos, pactos y acuerdos, invadiendo además las competencias de las CCAA.

Esgrime el periódico El Mundo un argumento falaz, diciendo que el Gobierno aplicará estrictamente la ley y recortará unos 6.000 liberados sindicales. Añade “sólo podrá desempeñar sus funciones sindicales y de representación (…) los liberados legales”. En este punto cabe recordar, tanto al periódico como al Ejecutivo, que el desarrollo de la actividad sindical está amparado en la ley y que en desarrollo de ésta se establecen acuerdos de mesas generales de negociación en los que se estipulan las funciones y número de liberados sindicales, algo que plantea en los mismos términos el RDL 20/2012 como una novedad, pero que siempre ha estado en vigor en nuestro ordenamiento jurídico, impidiendo en la práctica el desarrollo de la actividad sindical, al margen de leyes, normas y control administrativo.

El Gobierno de Rajoy justifica la agresión contra los sindicatos con un “supuesto” ahorro de doscientos cincuenta y dos millones de euros, aunque el propio periódico reconoce que el Ministerio “no dispone de datos cuantitativos específicos”. Es muy significativo que en una norma con una justificación puramente económica se introduzca una medida cuyo ahorro no tiene cuantificado y que ni remotamente será la cuantía que aventura. ¿No se tratará de debilitar a los sindicatos para minimizar la contestación de los representantes de los trabajadores a las medidas sangrantes e injustas que ha impuesto a los empleados públicos y a la ciudadanía española dentro del propio RDL?

Explica el origen de los datos con una extrapolación del coste en la Administración Central, cifras que tampoco resultan reales. Nos preguntamos si todas las cifras macroeconómicas que maneja el Ejecutivo para tomar sus medidas tienen la misma fiabilidad. A tenor de los resultados, debe de ser así.

El supuesto “ahorro” se consigue al despedir a los pocos interinos que cubren los puestos de los liberados sindicales en el resto de Administraciones. Por tanto, en el mejor de los casos, se trata de mandar a trabajadores al paro, donde seguirán cobrando de la Haciendo Pública su prestación por desempleo, aunque sin poder contribuir a la mejora de los servicios públicos.